Por Víctor Feliz

 ¿No pueden por sí solos los gobiernos locales cumplir las normas que la esencia misma les otorgan las leyes?

La cuestión no es solo hacer que las cosas se cumplan, sino también que se hagan bien y dentro de marcos jurídicos correctos, transparentes y económicamente razonables. Ahí entonces es que podemos usar el término que versa sobre el modelo administrativo conocido la nueva gestión pública (NGP).

Nos inscribimos en potencializar los cambios micros pues tal y como resalta son más efectivos en el tema operacional y en la calidad de los servicios.

La forma de participar en la gestión de los servicios públicos municipales debe ser de carácter directa en donde el gobierno local participe. Obviamente persiguiendo la fórmula ideal: el mejor servicio al menor costo posible. El principio de la transparencia es a nuestro juicio el más determinante para alcanzar una buena negociación.

Tenemos a lo largo y ancho del planeta gobiernos locales capaces que gestionan de manera exitosa sus territorios; fórmulas como alianzas público-privada en donde el gobierno local tenga un asiento y participación más activa, de esta forma, hemos podido apreciar que funcionan mejor estas alianzas.

El papel fundamental del gobierno local, aparte de lograr la satisfacción de sus munícipes es también preservar la cultura, el patrimonio intangible de la ciudad y su esencia misma, cosa que difícilmente aquellos que invierten capitales entiendan como importantes para su misión. Si bien es cierto que en muchos países no están bien definidos el concepto “alianza público-privada” estas existen y se desarrollan de manera satisfactoria.

Según la publicación de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL/ONU titulado Servicios Públicos Urbanos y Gestión Local en América Latina y el Caribe: Problemas, Metodologías y Políticas realizado por Ivonne Antúnez y Sergio Galilea este “concepto” lo describe como “Gestión Mixta” o servicios controlados estatalmente, con participación privada. Hacen referencia sobre la experiencia chilena en este modelo de gestión que nació a raíz del terremoto que azotó la ciudad de Santiago en 1985 cuando se crearon instituciones que estimularían su desarrollo para recuperarse del desastre natural, pero lo más interesante es que además fue un esfuerzo que se replicó en otras comunas.

En RD existe una normativa legal que regula los procesos de compras y contrataciones públicas que se usa para este tipo de concesiones de hasta 20 años, especialmente para la recolección y disposición de los desechos sólidos municipales y el cobro tasas o arbitrios. Este modelo sugerimos que se sustituya por las alianzas pues es más sano que el gobierno de la ciudad sea visto como un socio y no como un «parásito» ineficaz e incapaz. Además, permitiría que cada vez que cambien las autoridades electas la visión que representa el “socio nuevo” entrante sea implementada si persuade a su otro socio. Con esto se evitaría también que cada vez que cambian autoridades electas se empleen en desconocer contratos firmados por gestiones anteriores perjudicando a los munícipes en el retraso de la recepción de los servicios y afectado el estado de derecho del país y el “cosmos” que significa el sector municipal a nivel regional.

El reto de transversalizar la contratación pública es sin lugar a dudas el mayor reto que se tiene de cara a los nuevos tiempos. La prestación de servicios públicos y la gestión de la misma con la calidad que exige el ciudadano global tomando en cuenta el derecho administrativo internacional como base de todos los actos en que se vean envuelto nuestros países, aun dista de lograr un estándar deseado, pero sin embargo un camino de mil kilómetros empieza con un paso.