*Por Víctor Féliz
En la gestión de los residuos sólidos en el país, la Ley 225-20 establece con claridad que la responsabilidad recae en los gobiernos locales, es decir, en los ayuntamientos y distritos municipales. Sin embargo, la creación del Fideicomiso DO Sostenible ha generado un debate sobre su rol en relación con las competencias municipales.
El Fideicomiso DO Sostenible fue concebido como un mecanismo para gestionar fondos destinados a la mejora del sistema de recolección, tratamiento y disposición final de residuos en el país. Su función de financiar proyectos para el cierre de vertederos a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios y la mejora de la infraestructura para el destino final de los residuos es una de sus mayores contribuciones. Además, su papel como financiador de proyectos y planes que optimicen la gestión de residuos sólidos es clave para avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible, generando soluciones estructurales que puedan mantenerse en el tiempo y garantizando que el problema de los residuos no se convierta en una crisis incontrolable.
Sin embargo, una preocupación latente es que el fideicomiso se inmiscuya en las competencias propias de los ayuntamientos, funciones que la misma ley les otorga y que la Constitución les reconoce dentro de su autonomía de gestión. Los ayuntamientos han sido históricamente responsables de diseñar rutas y establecer frecuencias para la recolección de residuos, así como de operar estaciones de transferencia y definir estrategias para su disposición final. Si el fideicomiso asume tareas que corresponden directamente a los gobiernos locales, se corre el riesgo de debilitar la autonomía municipal y crear una estructura paralela que termine limitando su capacidad de acción y decisión sobre su propio territorio.
El argumento a favor del fideicomiso radica en la falta de recursos y capacidad técnica de muchos municipios para manejar los residuos de manera eficiente. No obstante, la solución a esta situación no debería ser la sustitución de sus funciones, sino su fortalecimiento. En lugar de asumir tareas operativas, el fideicomiso debería canalizar sus recursos hacia el refuerzo institucional y la capacitación de los ayuntamientos, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de manera efectiva.
El fortalecimiento de los gobiernos locales es fundamental para garantizar que la gestión de los residuos sólidos sea sostenible y responda a las necesidades específicas de cada comunidad. Cada municipio tiene características propias y enfrenta desafíos particulares en la recolección y disposición de los residuos. Por lo tanto, cualquier estrategia que busque mejorar la gestión de los desechos debe estar alineada con las condiciones locales y ser implementada por los gobiernos municipales, quienes son los actores mejor posicionados para conocer la realidad de su población y establecer las estrategias más adecuadas.
Uno de los principales riesgos de la centralización de competencias en el fideicomiso es la pérdida de autonomía municipal. En un sistema de gobierno descentralizado, las autoridades locales deben tener la capacidad de gestionar sus propias responsabilidades sin depender de decisiones tomadas por un organismo centralizado. Si el fideicomiso interviene en el diseño de rutas de recolección o en la operación de estaciones de transferencia, los municipios podrían perder su capacidad de respuesta y gestión eficiente ante las necesidades de su población, lo que provocaría una burocratización del sistema y un distanciamiento entre las decisiones tomadas y la realidad de cada territorio.
La solución más adecuada para mejorar la gestión de residuos en el país es apostar al fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. Esto implica capacitación, asignación de recursos adecuados y mecanismos de supervisión que aseguren que los ayuntamientos cumplan con su función de manera eficiente. En lugar de reemplazar las competencias municipales, el fideicomiso debería actuar como un facilitador de proyectos que permitan a los municipios asumir con mayor eficiencia su rol legalmente establecido. También se deben crear mecanismos de cooperación entre el fideicomiso y los gobiernos locales, que respeten las atribuciones municipales y eviten que las decisiones se tomen desde una óptica centralista que no refleje la realidad de cada demarcación.
Si realmente se busca una solución integral y efectiva, es imprescindible que los gobiernos locales sean el eje central de la estrategia, garantizando que los procesos de recolección, tratamiento y disposición final se adapten a las particularidades de cada municipio y respondan a las necesidades de la población con soluciones concretas y eficientes.
