*Por Víctor Féliz

Las sociedades van dejando de creer en sus gobernantes en la medida en que estos muestran su incapacidad de cumplir con las mismas reglas y leyes que promulgan. Esa incoherencia es la que abre la grieta por donde se escapa la confianza pública. Y cuando la confianza se pierde, lo que queda es un sistema que funciona a medias, donde se cumplen unas leyes y otras no, dependiendo siempre del interés particular de quienes las hacen valer.

He observado con preocupación cómo los ciudadanos aprenden rápido a reconocer ese doble rasero. La gente se da cuenta de que ciertas normas se persiguen con fuerza solo cuando conviene a un grupo o a un poder específico, mientras otras, que deberían ser de cumplimiento universal, se ignoran por completo. En ese ambiente, el ciudadano común decide cumplir únicamente lo que sabe que será vigilado o sancionado, y deja de ver la ley como un pacto social legítimo.

En este contexto, el elector también comienza a transformarse. Poco a poco deja de ser ciudadano consciente para convertirse en un cliente del mercado político. Ya no vota con el cerebro ni con la conciencia, sino con el bolsillo y el estómago. Vota por quien más le ofrezca, por el que le garantice la satisfacción inmediata de una necesidad efímera: una funda de comida, un aporte en efectivo, una promesa de empleo. Y así, la democracia, que debería ser un ejercicio de visión colectiva y de construcción de futuro, se reduce a una feria de intereses inmediatos.

El drama es que los candidatos entienden muy bien esta lógica. Saben que, al final, no importa tanto ser buenos o malos aspirantes; lo que pesa es la capacidad de negociar el voto en ese mercado del clientelismo. Una vez electos, ejercen sus funciones desconectados de las verdaderas necesidades de la gente, porque el ciudadano ya “cobró” su participación. Y de ahí nace la gran desconexión entre la función pública y la vida real del pueblo.

Lo más grave ocurre cuando este método clientelar escala hasta las más altas cumbres del poder. Lo que empezó en el barrio o en el municipio, se normaliza a nivel nacional. Y en ese punto ya no hablamos solo de la sepultura de los gobiernos locales, que deberían ser la primera escuela de democracia y participación, sino del colapso mismo del sistema democrático. Porque si el poder deja de radicar en el pueblo para radicar en las dádivas y en la manipulación, hemos renunciado a lo más sagrado: el derecho a decidir con libertad y conciencia.

Sé que muchos justifican este fenómeno con un argumento repetido: “el pueblo tiene hambre”. Y es cierto, la miseria golpea fuerte en sociedades desiguales como la nuestra. Pero también es cierto que ese razonamiento es usado como excusa por quienes se benefician de mantener al pueblo en ese estado. Porque cuando la necesidad básica de hoy se impone sobre la visión de mañana, los pueblos terminan hipotecando su futuro. El alimento efímero calma el estómago, pero destruye la posibilidad de construir un país donde comer no dependa de un político ni de una campaña.

La democracia no puede seguir reduciéndose a un juego de corto plazo, donde se compra y se vende el voto como si fuera mercancía. Necesitamos rescatar la idea de que gobernar es servir y de que elegir es decidir en conciencia. Si seguimos alimentando el clientelismo, lo que perderemos no es solo la calidad de nuestros gobiernos, sino la esencia misma de la vida democrática.

Es tiempo de recordar que el poder radica en el pueblo, pero en un pueblo que piense, que elija con el cerebro y no con el estómago. Solo así podremos romper este círculo vicioso que amenaza con enterrar no solo a nuestros gobiernos locales, sino también a nuestra esperanza de una sociedad verdaderamente civilizada.