*Por Víctor Féliz
Desde el origen y sus motivaciones la Ley 176-07 Sobre el Distrito Nacional y los Distritos Municipales podría decirse que surgió, más que como una necesidad, como una solución coyuntural a intereses políticos.
Hacemos este juicio de valor, puesto que a pesar de que la misma fue ampliamente discutida, las principales reformas no fueron incluidas. Aún hay lagunas importantes que han obligado a que el carácter difuso que representan, tenga que ser complementadas por sentencias de tribunales.
Los más connotados municipalistas de la época, participaron de manera activa procurando, fundamentalmente, que uno de los principales objetivos aceleraran dicho proceso: la autonomía plena y funcional de los gobiernos locales. Ya años antes se venían aprobando varias normas como parte de un proceso o corriente de transformaciones que demandaba la gestión local, cosa que culminó con la puesta en vigor la ley en cuestión.
Desde el año 2007 no se ha tocado la espina dorsal del sistema municipal. En la actualidad, muchas de las competencias municipales que indica la ley han sido otorgadas a otras instancias públicas, tales como el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas, el ordenamiento territorial, el uso del suelo, lo relativo el patrimonio histórico, la reglamentación del transporte público urbano, la disposición final de los residuos sólidos, entre otras, cosa que han encasillado a los ayuntamientos en “contenedores” de empleos, barrido de calles, recogida de desechos domésticos, mercados y cementerios.
Pero obviamente que también se requiere que las competencias municipales sean más actualizadas en temas como el medioambiente, cambio climático, desarrollo humano, económico, cultura, mayor y mejor participación ciudadana, resiliencia, inclusión social, manejo integral de los residuos, infraestructura, inversión, entre otros temas.
Hay que resaltar que desde hace unos años existen proyectos de leyes y decretos que buscan transferir desde el Poder Ejecutivo a las administraciones locales competencias y recursos que actualmente maneja; temas como la prestación de servicios sociales a los grupos más vulnerables incluyendo a la población campesina, la seguridad ciudadana y el orden público, atención primaria de salud, la cultura en sus más diversas manifestaciones, el deporte, la recreación, la prevención de desastres naturales, promoción y fomento del turismo local, y más, sin embargo, al momento de tomar en serio estos temas, las cosas se convierten en “poesía”.
También en las transformaciones requeridas hay que retomar el papel que juega la Liga Municipal Dominicana, que lejos de apostar a que desaparezca hay que reforzar su rol como órgano fiscalizador de las ejecutorias de los gobiernos locales estableciendo previamente indicadores de gestión alineados a las estrategias nacional de desarrollo en procura de que los ayuntamientos sean propulsores del progreso, facilitando el desempeño y convirtiendo a esta institución en un instrumento determinante para el buen funcionamiento de las actividades locales.
El trayecto es tedioso y trabajoso, pero un camino de mil kilómetros comienza con un paso, por tanto, se requiere transformar desde adentro las estructuras de los ayuntamientos y juntas de distritos para ir adecuándolas hasta que estas entidades municipales vayan demostrando su idoneidad, y así poder ejercer las competencias propuestas con igual o mayor eficacia, eficiencia, transparencia y participación de la ciudadanía que como lo hacen los actuales responsables.
Para concluir y contestar la pregunta del título del presente escrito no hay que ser muy perspicaz, tiene usted en sus manos la respuesta.
