*Por Víctor Féliz
Hace apenas unos días, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura una modificación a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, aumentando del 25% al 30% el porcentaje del presupuesto municipal que puede destinarse al pago de personal. A simple vista, esta decisión podría parecer una respuesta sensata a una realidad indiscutible: muchos ayuntamientos tienen nóminas atrasadas, salarios bajos y plantillas reducidas que apenas pueden cumplir con sus funciones. Pero si uno se detiene a observar con mirada crítica, queda claro que no estamos ante una solución estructural, sino ante una maniobra de “blanqueo legal”.
¿Por qué blanqueo? Porque ese 25% establecido por ley nunca se ha cumplido de manera rigurosa. La mayoría de los gobiernos locales, con sus presupuestos menguados y sus demandas crecientes, han sobrepasado ese tope año tras año. Algunos lo hacen porque necesitan más manos para cubrir servicios básicos; otros porque han convertido la nómina en un instrumento de clientelismo político. Lo cierto es que la ley se violaba constantemente, y ahora lo que se ha hecho es simplemente acomodar la ley a esa violación.
La fiebre no está en la sábana. Pero como la sábana está manchada por la fiebre, prefieren cambiarla para que el síntoma no se vea. El problema de fondo sigue intacto: una estructura municipal débil, poco profesionalizada, sin planificación de recursos humanos, con contrataciones improvisadas y sin una verdadera carrera administrativa. Elevar el tope a 30% sin corregir estos elementos es como aumentar el tamaño del barril sin tapar las fugas. Se gasta más, se legaliza el desorden, pero no se transforma el modelo.
Esta decisión, más que un acto de justicia presupuestaria, es un reconocimiento tácito de la incapacidad del Estado para hacer cumplir sus propias normas. Lo justo no era aumentar el porcentaje para nómina; lo justo era dotar a los ayuntamientos de los recursos que constitucionalmente les corresponden. Según la Constitución y la Ley de Presupuesto, los municipios deben recibir un 10% del Presupuesto Nacional. Pero la realidad es otra: apenas reciben entre un 3% y un 3.5%. ¿Cómo puede funcionar con eficiencia una institución que solo recibe una tercera parte de lo que le corresponde?
En lugar de legalizar la excepción, el Congreso debió legislar para la equidad. Y al mismo tiempo, establecer criterios técnicos que garanticen que ese gasto en personal se traduzca en un mejor servicio para la gente. ¿De qué sirve autorizar más gasto en nómina si seguimos contratando sin concursos, si no se evalúa el desempeño, si no hay escalas salariales racionales, si los mismos empleados se convierten en activistas del partido de turno?
No se trata de negarle a los gobiernos locales la posibilidad de pagar buenos sueldos. Todo lo contrario. Soy de los que cree firmemente que el talento y la dedicación deben ser reconocidos y bien remunerados. Pero ese objetivo no se alcanza simplemente cambiando un número en una ley. Se alcanza creando reglas claras, invirtiendo en formación, exigiendo resultados y garantizando transparencia. De lo contrario, lo que tendremos es más gasto sin mayor impacto, más nómina sin más servicios, más legalidad aparente sin verdadera institucionalidad.
Lo que realmente necesitamos es una reforma municipal profunda y valiente. Una reforma que fortalezca la carrera administrativa municipal, que premie el mérito, que impida la duplicidad de funciones y que le devuelva a la ciudadanía la confianza en sus gobiernos locales. También necesitamos voluntad política para cumplir con la asignación presupuestaria del 10%, y mecanismos de control que aseguren que cada peso invertido en personal se traduzca en eficiencia, proximidad y compromiso con la comunidad.
La fiebre, repito, no está en la sábana. Está en el cuerpo institucional de un modelo municipal agotado, que necesita algo más que maquillaje normativo. Si no enfrentamos esa realidad con honestidad y responsabilidad, estaremos simplemente posponiendo el colapso. Y ese colapso, cuando llegue, lo pagarán los barrios, los campos y los ciudadanos más pobres de este país.
