*Por Víctor Féliz
El asociativismo municipal es considerado un instrumento de fortalecimiento municipal, una herramienta que posibilita una gestión municipal más adecuada, más eficiente, con mayor cobertura y que permite otorgar una mayor satisfacción a los problemas, reconociendo que estas problemáticas son comunes. Pero también el asociativismo municipal, en sus diversos tipos (nacionales, regionales y temáticas) representa el mecanismo de defensa de la autonomía municipal. Ambos conceptos lo manejamos mientras desarrollamos nuestra formación académica en gestión y desarrollo local por parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, mejor conocida en el mundo municipal como la UIM, por tanto, aprovechamos la ocasión para adentrarnos un poco más en este tema atendiendo a los esfuerzos que se vienen desarrollando en algunas regiones o zonas del país para mancomunar voluntades en torno a la Ley General 225-20 sobre Gestión Integral de los Residuos Sólidos y Coprocesamiento.
En opiniones anteriores hemos manifestado que para hacer cosas se necesita dinero, pero para hacer grandes cosas se necesita mucho dinero. En la implementación de un sistema de gestión integral para el manejo de residuos no es la excepción.
Sabemos de los magros recursos que manejan los gobiernos locales debido principalmente al bajo nivel de las recaudaciones por arbitrios y al incumplimiento de la ley que asigna los montos para la financiación de sus operaciones anuales. Ante la entrada en vigencia de la ley en cuestión, todas las estructuras técnicas, operativas y administrativas de los ayuntamientos deben estar listas y acorde con el nivel de exigencia que les demandará la ocasión, en consecuencia, esto conlleva acciones inmediatas que les permita adaptarse. Quizás para los ayuntamientos que manejan un gran volumen de desechos sería interesante enfrentar este desafío pues no será muy complicado encontrar actores que les atraiga hacer inversiones en ese “nuevo negocio organizado” que ha surgido. A mayores desechos, la curva de utilidades fluctúa con mejor desempeño. Sería solo cuestión de tiempo.
Hasta el momento el Gobierno central se propone edificar obras con vocación municipal y hasta contribuir con mejorar las condiciones laborales de más de 70 mil servidores municipales, sin embargo, vemos aún distante la intención de engrosar las arcas municipales con recursos frescos para que estos los manejen según las aspiraciones genuinas de las comunidades. Es de nuestra aspiración creer que en algún momento se cumplirá en tan anhelado 10 % que la ley en la materia otorga.
¿Pero qué pasará con aquellos municipios y distritos que producen un volumen que no les interese manejar a inversionistas? La solución: mancomunar sus operaciones en esta materia.
Suponiendo que 6 u 8 gobiernos locales manejen de 10 a 15 toneladas diarias de desechos, está clarísimo que de manera individual no es un número atractivo, pero si se unen, sin lugar a dudas podrían llegar a un volumen que sí permita crear un círculo que le dé autosostenibilidad financiera a las operaciones. Es lógico que esto contribuiría a la disminución drástica de los vertederos improvisados o no que tenemos a lo largo y ancho del país, al aprovechamiento de materiales reusables, reciclables, al coprocesamiento y a una veintena de soluciones ambientales que en la actualidad se comen la isla.
Estas acciones comulgan con la Ley 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas, pues las estaciones de transferencias podrían estar en manos de industriales expertos en manejo de exportaciones de material ya desechado, contribuyendo a la entrada de remesas. Pero lo más importante está en la disposición final de estos desechos, pues tendríamos una industria de residuos en vez de vertederos a cielo abierto.
El asociativismo municipal para esta temática está latente en la República Dominicana.
