*Por Víctor Féliz
Sin lugar a dudas la sociedad va, desde hace más de tres décadas, en una franca destrucción de sus cimientos. La familia, la educación, en fin, los valores en general ya son casi piezas de museo en República Dominicana.
No es una excepción a la regla que las estructuras estatales vayan por el mismo camino. Es obvio, pues la debilitada institucionalidad que vivimos hace lógico que no haya otro resultado.
En esta ocasión, y como es de suponer, me refiero a los gobiernos locales. Nos hemos pasado años eligiendo a figuras coyunturales y populares que salen a escenas cada vez que tenemos eventos electorales y sin siquiera pensar en capacidades, experiencias o estructuras humanas que acompañarán al aspirante en caso de ganar. El frenesí nos abruma y asistimos como borregos a cumplir con el mal llamado y mal usado: deber cívico.
Pero ha habido experimentos que nos han salido muy caros. Demasiado caros más bien diría. No quiero hacer leña del árbol caído ni tampoco usar el hacha para derribar alguno. Queremos controlar los recursos que se les da a los ayuntamientos antes de que se los den. ¿Pero no es mejor investigar qué es lo que han hecho con lo que han recibido? ¿Vale la pena seguir bajo el modelo de gestión local imperante?
Haciendo un trabajo de investigación para la Alianza I+D sobre los presupuestos municipales y su vinculación con el desarrollo local, pudimos apreciar impresionantes números rojos. De inmediato colegí que a muchos alcaldes actuales habrá que hacerle un monumento a la resistencia. Sentirse con las manos atadas no debe ser muy confortante que digamos y menos para los proactivos.
Debemos revisar de manera profunda la forma en que operan los ayuntamientos. Es un modelo sistémico problemático y antidesarrollo. ¿Darles más dinero para qué? Lo que debemos hacer es desmontar el disfuncional y maltrecho modo de operar.
Es de todos conocidos que la Ley 166-03 ordena como ejecutar en porcentajes los ingresos recibidos por las diferentes vías en los gobiernos locales, sin embargo, es la violación más evidente a esta ordenanza que se vive día a día.
En la mayoría, para no decir en todos, es imposible cumplir con este precepto de ley, por ejemplo, en el Distrito Nacional al momento de presentar su presupuesto para el año 2021, la distribución conforme a la ley de marras fue la siguiente: un 27 % para gastos de personal (en vez de 25 %), 59% para servicios (en vez de 31), un 3 % para educación, género y salud (en lugar de 4 %) y un 11 % para inversión (la ley indica 40 %).
El tiempo ha demostrado (por ejemplo) que el tema de los residuos sólidos sobrepasa las capacidades técnicas y económicas de los ayuntamientos y aún insistimos en dejarle esa inmensa tarea cuando esto debe ser responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente; así mismo hay decenas de funciones que se “comen” los recursos financieros y con esto limitan lo más vital para las ciudades y municipios, su infraestructura.
Revisar desde el punto de vista las funciones “en la práctica” y no en lo que “idealmente” queremos, es sincerarnos y admitir que hemos convertido a los ayuntamientos en nichos de promesas incumplidas y en espacios que muchas veces, son retrancas para el desarrollo en temas vitales que no tienen capacidad para enfrentar de manera efectiva. El momento ha llegado de convertir a los ayuntamientos en reales instrumentos para el desarrollo.
