*Por Víctor Féliz
Nuestras grandes obras de infraestructura física, fundamentalmente de carácter público, ya se han puesto viejas. El edificio de oficinas públicas Juan Pablo Duarte, conocido como el «Huacal», cumplió recientemente 50 años. El «Huacalito», donde opera actualmente la Cámara de Cuentas, los puentes más importantes que conectan a la capital dominicana, cientos de liceos y escuelas, inmensos centros comerciales, y las primeras torres residenciales de sectores como Naco, son ejemplos palpables del paso del tiempo.
Así como en el cuerpo humano los órganos se van debilitando con los años, el «esqueleto» de nuestras infraestructuras también acusa el desgaste. Ascensores obsoletos, sistemas eléctricos anticuados, escaleras de emergencia inexistentes, ausencia de planes de evacuación, corrosión interna, debilitamiento de columnas y vigas, son solo algunas de las señales de alarma que no podemos seguir ignorando.
Durante décadas, estas estructuras han soportado no únicamente el peso de su propia función, sino también las inclemencias de un clima caluroso e inclemente que erosiona, lenta pero inexorablemente, hasta el concreto más robusto. Hemos enfrentado pequeños temblores, huracanes, lluvias intensas y vientos fuertes que, de forma acumulativa, han ido minando su resistencia original. La naturaleza, implacable en su ritmo, no pregunta si estamos listos.
Peor aún, debemos reconocer que muchas construcciones no fueron ejecutadas con el rigor técnico que debió exigirse. Miles de apartamentos edificados por el Estado, en numerosas ocasiones sin supervisión adecuada, son hoy estructuras vulnerables. Y todos sabemos que, en temas de construcción, lo que se hace mal desde el principio termina pasando factura.
¿Qué estamos esperando? ¿Que ocurra una tragedia para entonces salir corriendo en medio del dolor y la improvisación? ¿Acaso dos semanas después de un desastre sin comparación ya se nos pasó la fiebre de la preocupación? No podemos permitir que la indiferencia nos gane. La responsabilidad de actuar es absoluta y recae directamente sobre el Estado.
Se necesita un plan ambicioso, serio y urgente de revisión estructural de todas las infraestructuras públicas del país. Además de inspeccionar, este plan debe incluir la capacitación técnica y operativa de los ayuntamientos, dotándolos de las herramientas necesarias para supervisar, intervenir y dar mantenimiento a las obras localizadas en sus territorios. No basta con actuar desde el gobierno central: para que el esfuerzo sea eficiente y sostenible, debe ir más allá de los despachos nacionales y arraigarse en las
autoridades locales, quienes conocen de primera mano las debilidades de sus infraestructuras.
Este plan debe contemplar auditorías técnicas profundas: evaluar columnas, vigas, sistemas eléctricos, sistemas contra incendios, accesos de emergencia y todos los elementos que garantizan la seguridad de los usuarios. También debe establecerse un programa de mantenimiento preventivo que se cumpla religiosamente año tras año, independientemente de los cambios de gobierno.
La vida útil de las construcciones no es eterna. Un edificio que ya supera las cinco décadas sin intervenciones mayores no es simplemente «viejo»: es un riesgo latente si no se toman medidas. Como sociedad, nos estamos poniendo viejos, sí, pero eso no debe ser sinónimo de irresponsabilidad ni de resignación.
No podemos vivir confiando en la suerte ni seguir apostando al «aquí nunca pasa nada». Cada minuto que pasa sin actuar es un minuto que acerca la posibilidad de un desastre evitable.
Nuestros edificios, nuestras escuelas, nuestros puentes, nuestras calles, son reflejo de nuestra responsabilidad colectiva. Revisarlos, actualizarlos y cuidarlos es, en última instancia, cuidar de nosotros mismos.
Hoy más que nunca, tenemos que entender que la prevención no es un gasto: es una inversión en la vida.
