*Por Víctor Féliz
En el país a pesar de haber tenido muchos momentos determinantes en los diferentes procesos políticos de trasformaciones del Estado como producto de la evolución e interdependencia global del cual fuimos objeto durante y después de la Guerra Fría, estos no sirvieron de igual forma o manera para apalancar las transformaciones que demandaban los gobiernos locales.
No fue hasta el año 2007 que, si bien no tuvimos la ley perfecta, se logró la formalidad de la independencia plena de los gobiernos locales con una nueva ley que rige a los municipios del país. A partir de ese momento es que de manera cotidiana empezamos a escuchar con más frecuencia la palabra descentralización municipal.
Las conquistas en varias direcciones han sido obvias sobre todo en definir claramente las funciones plenas de los gobiernos locales.
Sin embargo, tal y como lo expresa el Secretario General de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, el Dr. Federico Castillo Blanco, en su trabajo titulado “Escenarios para la acción local del siglo XXI”, “los Gobiernos locales han perdido parte de su contenido político como gobierno del territorio y asunción del liderazgo de la comunidad y, ante las carencias, han optado por ser prestadores de SSPP” esto debido a la poca disponibilidad de captación de recursos que “le permiten” manejar por parte de la jerarquía política hegemónica en la nación. Le dan competencias y muchas prerrogativas, pero sin recursos económicos.
Si bien es cierto que la media en la región sobre la presión presupuestaria de la nación destinada a los gobiernos locales anda por el orden del 12 al 15 % en RD apenas es menos del 4.8 % para este año 2022.
Hay que observar que un país pequeño y con una deuda social acumulada tantos años y bajo el imperio de gobiernos centralistas, siempre persiguen cooptar la mayor cantidad de recursos financieros so pena de limitar la autonomía plena financiera de los ayuntamientos.
La reforma municipal trajo consigo importantes avances sobre todo en temas que incentivaban la participación de los ciudadanos en la elaboración de los planes de desarrollo local y lo que hemos conocido en AL como el presupuesto participativo (PP).
La experiencia nativa podría catalogarse de satisfactoria mas no exitosa. La norma jurídica establece la importancia y obligatoriedad del cumplimiento del PP, sin embargo, las limitaciones sobre el manejo de recursos para obras que impliquen una satisfacción plena del municipio impactando a la mayor parte de sus habitantes son determinantes.
Si por ejemplo a través del PP se construyen dos canchas deportivas con su puesta en funcionamiento apenas podríamos complacer una parte de la juventud que allí habita, pero la construcción de un acueducto o un centro de atención primaria sería lo ideal pues alcanzaría a beneficiar, si no a todos, a una gran parte. La carencia de recursos limita la calidad del gasto.
Somos más de la inclinación en hacer ingentes esfuerzos en el tema del Desarrollo Económico Local lo que sin temor a equivocarnos impactaría de manera dramática cualquier comunidad.
Es un proceso que es complicado en armar las ecuaciones financieras que sustenten la estabilidad y auto sostenimiento, pero una vez alcanzado dicho propósito, los resultados en el tiempo y espacio son determinantes para el bienestar de una municipalidad.
Con ello aumentan los ingresos con vocaciones municipales y con ello podría financiar el desarrollo que bien podría estar contenido en el PP.
