*Por Víctor Féliz
Hace ya unos años la situación de la movilidad en las grandes ciudades del país es cada vez más complicada, no importa en qué se mueva usted, sea en transporte público o propio, no se puede escapar a la caótica situación que vivimos día tras día.
La situación, sin embargo, no parece importarles a las autoridades regentes del sistema de transporte, mucho menos a los gobiernos locales, pues a todas luces se agrava de forma exponencial ante la desidia e incapacidad.
Lo decimos porque desde hace un tiempo para acá, hemos visto cómo muchos vehículos de diferentes marcas y modelos están usando las centellas de colores incrustadas en las parrillas delanteras de los mismos. De inmediato, los ciudadanos entendemos que se trata de vehículos “oficiales” o al menos, que lo ocupan funcionarios del Estado. Al parecer, el uso de estas luces de colores funciona a modo de “contraseñas” para que las autoridades que gestionan el tránsito les dispensen un trato privilegiado.
Esta “estrategia” para lograr moverse en las calles y avenidas de la ciudad, si bien ayuda a unos pocos, le complica la vida cotidiana a la inmensa mayoría.
Si agregamos que estos ciudadanos que gozan de este irritante privilegio además usan franqueadores, entonces es que la “puerca retuerce el rabo”, pues estos personajes detienen por un tiempo impresionante el paso de las calles contrarias a la que están franqueando.
Es bueno advertir a nuestros lectores que el uso de este servicio de franqueadores está normado de manera estricta por el decreto No. 3-22 en donde se dispone de manera expresa que sólo al presidente y la vicepresidenta de la República, al ministro de las Fuerzas Armadas y al de Interior y Policía están autorizados al uso de franqueadores, también al director de la Policía Nacional, al procurador General de la República. Como también los comandantes de los cuerpos castrenses, al director nacional de Control de Drogas y al director nacional de Investigaciones. Obviamente es una instrucción presidencial que no se cumple en lo más mínimo.
El tercer tema de nuestro artículo de hoy es de mayor espectro: los motores. Según los datos oficiales de que disponemos, en nuestro país a enero de este año que discurre, la Dirección General de Impuestos Internos tiene registrada la suma 5,2 millones de unidades en el parque vehicular circulando en la media isla.
El 56 % corresponde a motocicletas de todo tipo de cilindraje. Es decir, 2,9 millones de “motores”, suma que debe llamar poderosamente la atención de autoridades y ciudadanía en general, ya estamos casi a niveles pandémicos.
De los casi 3.0 millones de motocicletas sólo se han registrado bajo el Plan Nacional de Registro de Motocicletas a julio pasado poco más de 600 mil, esto no representa la cuarta parte del total que se pretende regular, porque lo que podemos afirmar que el mismo ha sido una frustración para las autoridades.
No debemos dejar pasar por alto que la motocicleta es un modo, para las personas de escasos recursos, de buscar el sustento alimenticio de familias y por lo tanto no deja de tener un alto componente social y político.
Entendemos que ha llegado la hora en que debemos enfrentar esta situación del caos que se desarrolla con vertiginosa velocidad antes que sea demasiado tarde, y hacemos un llamado a los funcionarios que no son más que servidores públicos con rangos y buenos salarios a que cumplan con las medidas que disponen sus superiores y así contribuir a una sociedad más justa para todos.
